É.V.

Que los tribunales anulen los planes generales de ordenación urbana de las ciudades es un síntoma de que el derecho funciona, «que tiene buena salud». El fiscal de medio ambiente del Tribunal Supremo, Antonio Vercher Noguera, se refería así a la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Asturias que declaró nulo el PGOU de Llanes. Vercher recalcó que el hecho de que «haya sentencias» como ésa es señal de que el «derecho, que está para regular situaciones irregulares, se está aplicando». No obstante, Asturias no es una de las regiones más afectadas por los delitos urbanísticos o, al menos, no ha llegado «al caos en el que se encuentra, por ejemplo, Málaga». «En materia de edificación no tiene Asturias esa impronta dura que tiene, por ejemplo, Andalucía o la costa murciana», comentó Vercher ayer en el Palacio de Congresos de Gijón, donde ofreció una conferencia en el VIII Congreso nacional de responsabilidad civil, que se clausura hoy.

En un año, el tiempo que hace que se creó esta fiscalía especializada, se han abierto 2.500 diligencias por delitos contra el medio ambiente y otras 1.500 en temas relacionados con la ordenación del territorio. Lo que se intenta es «poner coto a una situación que no es lógica, coherente ni legal» en un país que desde una perspectiva urbanística «está pasando una situación transitoria» como es el caso de España. Se ha pasado de una época en la que se fue relativamente tolerante con la construcción al momento actual, donde se edifican entre 800.000 y 900.000 viviendas al año. Para intentar controlar esta situación entrará en vigor el próximo mes de julio la nueva ley sobre Medio Ambiente, que cuenta con aspectos «francamente interesantes».

La solución ante las edificaciones ilegales no es sencilla porque pasa, en la mayoría de los casos, por la demolición. «Lo que hay que tener claro es que no es una pena, sino una forma de responsabilidad civil», explica Vercher. Pero «¿por qué no se efectúan? Simplemente porque no nos da la gana», afirma, tajante, el fiscal. La demolición «es una forma de responsabilidad que no tiene tradición en nuestro país, pero es la manera de restablecer el orden jurídico que ha sido alterado». Es decir, que si un edificio se construye sin la licencia o en un lugar prohibido, lo que debe hacerse, para restablecer lo que se ha perdido, es demolerlo. «Así lo dice el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo. Es la única manera sensata y normal de hacerlo», insiste Vercher.

Pero no es sólo una cuestión de costumbres, sino también de votos. Vercher lo dejó ayer claro. «Demoler un edificio es poco rentable a efectos electorales», especialmente en administraciones locales, afirmó. Incluso en muchas ocasiones «las cosas se resuelven con convenios urbanísticos o estatutos de detalle», lo que dificulta considerablemente la acción de la justicia. El fiscal puso un ejemplo. «A veces, el Ayuntamiento denuncia a alguien por una construcción ilegal. Luego ambas partes firman un convenio de edificación y se legaliza la obra. Y los dos se presentan en la vista oral diciendo que es legal y que ya no existe ningún tipo de problema».

La situación no es sencilla. En España no existe mucha tradición en materia de derecho urbanístico. De hecho, los primeros casos se desarrollaron a partir de delitos medioambientales. «Pero el paso del tiempo nos hizo comprobar que el urbanismo y el medio ambiente estaban unidos», asegura Vercher. Dos casos reales muestran la situación. En Valencia, en 1995, se prohibió la desecación de un suelo que pretendían hacerlo urbanizable. Y en Pontevedra no se hizo nada contra la construcción de un restaurante sin licencia en una zona no urbanizable hasta que el pozo ciego no se llenó y se pudo actuar en materia de medio ambiente. «Esto ha ido cambiando», dice Vercher. Hasta llegar a una situación en la que el propio Tribunal Supremo habla en una sentencia de «desarrollo sostenible». El derecho en esta materia empieza a cambiar. Se asume que el urbanismo forma parte del desarrollo de las ciudades y que este crecimiento «afecta directamente al equilibrio psíquico y físico de los que viven en la ciudad». Ése fue el principio del cambio.
É.V.