Isaac Frade | Candidatos 2007 | Izquierda Xunida

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El poder decisorio de la “izquierda volatil”

Viernes 16 de Noviembre de 2007

Los votantes centristas no son los fundamentales para lograr el triunfo electoral en España, sino aquellos que oscilan entre el PSOE, IU o la abstención. El PP puede ganar, pero lo tiene ‘a priori’ cuesta arriba

CÉSAR MOLINAS 11/11/2007

La creencia de que las elecciones generales en España son decididas por los votantes centristas es incorrecta. La evidencia empírica muestra que estos votantes, definidos como aquéllos cuyo voto oscila entre el PSOE y el PP, tienen escasa relevancia. Los votos decisivos son los de la izquierda volátil, aquellos que oscilan entre el PSOE, IU y la abstención. Esto equivale a decir -y sé que la equivalencia no es obvia- que en las elecciones generales el PP siempre juega en campo contrario: las puede ganar, pero lo tiene a priori cuesta arriba. En este artículo me propongo mostrar que estas afirmaciones y equivalencias están respaldadas por los datos electorales y, también, extraer algunas consecuencias que me parecen interesantes.

La ‘izquierda volátil’ es un conjunto heterogéneo que rechaza al PP y tiene desdén por el PSOE

Si en 2008 en Cataluña vota menos del 64% del electorado, el PSOE lo tendría difícil para ganar

En primer lugar, analizaré los resultados de las elecciones generales desde 1982 con el objetivo de cuantificar el voto centrista y el de la izquierda volátil. En segundo lugar, y aunque este artículo trate de elecciones generales, recogeré algunas enseñanzas de las elecciones locales del 27 de mayo pasado. En tercer lugar, me detendré en la relación que existe entre el voto al PSOE, por una parte, y la abstención y el voto a IU por la otra. En cuarto lugar, discutiré hasta qué punto un incremento notable de la abstención en Cataluña puede hacer perder al PSOE las elecciones de 2008. Por último, haré observaciones sobre las estrategias de los dos grandes partidos estatales.

Con una única excepción: en el último cuarto de siglo, España ha votado mayoritariamente izquierda. Desde 1982 ha habido siete elecciones generales. En seis de ellas la izquierda (PSOE, IU y sus antecesores) obtuvo entre un mínimo de 2,3 y un máximo de 3,5 millones de votos más que la derecha (PP, aliados regionales y sus antecesores). Sólo en las elecciones de 2000, que tuvieron la tasa de participación más baja de la actual etapa democrática (69%), la derecha superó en votos a la izquierda: la diferencia fue de 1 millón de votos. En 2000 la izquierda perdió 2,7 millones de votos respecto a 1996, de los cuales 2 millones fueron a incrementar la abstención. Esos 2,7 millones de votos los volvió a ganar en 2004. La derecha ganó 0,6 millones de votos, alcanzando su máximo histórico de 10,3 millones, pero los volvió a perder en 2004. Me parece razonable utilizar estas cifras para cuantificar los colectivos que antes he denominado votantes centristas e izquierda volátil. Los primeros pueden estimarse en 0,6 millones, que son los votos que ganó la derecha en 2000 tras una etapa de gobierno en minoría del PP en la que hizo gala de moderación y de buena administración. Esta cifra coincide con los votos perdidos en 2004 tras una etapa de mayoría absoluta en la que la arrogancia sustituyó a la moderación y en la que se tomaron decisiones, como la guerra de Irak, alejadas del sentir de muchos ciudadanos. Cabe señalar que esos 0,6 millones de votos no decidieron las elecciones de 2000: el PP hubiese seguido gobernando aunque no los hubiese obtenido. Lo decisivo fue el desplome de la izquierda por la huida del voto volátil. Esta izquierda volátil puede estimarse en unos 2 millones de electores: los que votaron a la izquierda en 1996, se abstuvieron en 2000 y volvieron a votarla en 2004.

Las elecciones locales de mayo de 2007 ilustran bien que el voto de la izquierda volátil es decisivo en España no sólo en las elecciones generales, sino también en elecciones de otro tipo. En el conjunto de España, y relativo a las elecciones locales de 2003, el PSOE perdió 240.000 votos, pero el PP sólo ganó 38.000. La aplastante victoria del PP en el municipio de Madrid resultó de una pérdida de 139.000 votos para el PSOE y de una ganancia de tan sólo 709 (sí, setecientos nueve) para el PP. La izquierda volátil volvió a decidir, esta vez a nivel local. No hay trazos de un trasvase significativo de votos del PSOE al PP. Además, el carácter decisorio del voto de la izquierda volátil no es un rasgo exclusivo de la actual etapa democrática. En las elecciones de 1933, la izquierda volátil -entonces el anarquismo- se abstuvo. Y ganó la derecha. En 1936, los anarquistas fueron a las urnas y los votos se incrementaron en más de 1 millón. Ganó la izquierda. No tengo ni conozco ninguna explicación convincente de por qué en España la izquierda volátil tiene este carácter decisorio, que no ha menguado ni tan siquiera con la aparición de una numerosa clase media en la segunda mitad del siglo XX. Sea cual sea la explicación, en esto los españoles somos atípicos. En la mayoría de los países de nuestro entorno la alternancia en el poder la deciden los votantes de centro, que votan ora a la izquierda ora a la derecha. Aquí, por algún motivo, somos diferentes.

Paso ahora a desarrollar el tercer punto de mi argumentación. Si bien, según mis definiciones, derecha y PP son casi sinónimos, izquierda y PSOE no lo son. En 1996 la izquierda obtuvo 12,06 millones de votos y la derecha 9,76 millones. En 2004 se repitieron las cifras: la izquierda obtuvo 12,06 millones de votos y la derecha 9,72 millones. En el primer caso ganó las elecciones el PP y en el segundo el PSOE. La diferencia la marcó el resultado de IU, que obtuvo un 11% de los votos totales en 1996, su máximo histórico, tras la memorable pinza Aznar-Anguita, y solamente un 4% del total en 2004. Un análisis estadístico de los datos electorales utilizando modelos sencillos de regresión, que cualquiera puede replicar descargando los datos del Ministerio del Interior en una hoja de cálculo, ofrece los siguientes resultados: 1. Existe una relación estadística muy significativa entre el porcentaje de votos totales válidos que obtiene el PSOE, por una parte, y el porcentaje de participación en las elecciones y el porcentaje de voto a IU, por la otra parte; un aumento de la participación electoral de un 1% causa un aumento del porcentaje de voto al PSOE del 0,6%, mientras que un aumento del porcentaje de voto a IU del 1% causa una disminución del porcentaje del voto al PSOE del 1%. 2. No existe ninguna relación estadística significativa entre el porcentaje de votos totales válidos que obtiene el PP y el porcentaje de participación en las elecciones. En román paladino, estos resultados quieren decir lo siguiente: con una participación lo suficientemente alta y con un voto a IU lo suficientemente bajo, el PSOE siempre ganará unas elecciones generales, haga lo que haga el PP. Esta “ley de hierro” fundamenta las afirmaciones y la equivalencia enunciadas en el primer párrafo de este artículo.

Con los parámetros mencionados en el párrafo anterior se puede construir una tabla de doble entrada para estimar el porcentaje del voto total al PSOE en función de la participación electoral y del porcentaje de voto a IU. Esta tabla, que, insisto, todo el mundo puede construirse, muestra que es improbable que el PSOE gane las elecciones de 2008 si el voto a IU se mantiene en el 4% y la participación cae por debajo del 71% (en 2004 fue el 76%). Si el voto a IU subiese al 6%, el PSOE necesitaría una participación del 74% o superior para ganar. Si bien una participación superior al 71% parece probable, una participación del 74% (coincidente con la media histórica) parece más difícil de conseguir. Este mismo tipo de tabla puede utilizarse para evaluar los efectos que tendría un gran aumento de la abstención en Cataluña, como resultado de la sensación de desgobierno que podrían tener los votantes de esa comunidad. Si la participación catalana cayese hasta el 64%, el mínimo histórico alcanzado en 2000, el PSC podría perder 3 o 4 escaños y entonces el PSOE necesitaría una participación mínima del 73% en el resto de España para seguir gobernando, algo que me parece complicado pero no imposible. No pueden descartarse participaciones inferiores al 64% en Cataluña. En este caso, el PSOE lo tendría muy difícil para ganar en 2008.

Para concluir, quiero recalcar que la metodología agregada y “de arriba abajo” usada en este artículo ignora aspectos tan importantes del proceso electoral como la Ley d’Hondt o la incorporación al censo de nuevas cohortes. Sin embargo, considero que es la mejor para obtener una visión de conjunto de la problemática electoral, que muchas veces se pierde en el análisis desagregado por circunscripciones. La izquierda volátil es un conjunto heterogéneo con pocos denominadores comunes, todos ellos negativos. Es común su rechazo frontal al PP y a todo lo que representa la derecha. Es común también su desdén hacia el PSOE, al que votan tapándose la nariz cuando le votan. Por lo razonado hasta aquí, el objetivo principal de una campaña electoral, de cualquier campaña electoral, en España debe ser para el PP que no vayan a votar los que le detestan y para el PSOE que acudan a las urnas los que le desprecian. ¿Son consistentes sus estrategias electorales con estos principios?

César Molinas es socio fundador de la consultora Multa Paucis.

Viviendas sin personas, personas sin vivienda

Lunes 5 de Noviembre de 2007

 

 

FERNANDO URRUTICOECHEA BASOZABAL

 Como la vivienda es una de las principales preocupaciones de los españoles y estamos ya en campaña electoral, el Gobierno español ha presentado con solemnidad sus nuevas iniciativas, un plan estratégico le llaman, en el que la medida estrella es la ayuda mensual de 210 euros para cada joven entre los 22 y los 30 años que suscriba un contrato de alquiler y que no tenga un salario bruto anual superior a 22.000 euros.

El nuevo plan entrará en vigor a partir del próximo 1 de enero y serán las comunidades autónomas las encargadas de gestionar estos 436 millones de euros, a los que el Ministerio calcula que podrían acceder hasta 360.000 jóvenes el año que viene.

No se han debido de dar cuenta, dados sus efectos, que ya está en vigor un plan nacional aprobado en Consejo de Ministros, por el que las comunidades autónomas disponen de planes específicos.

En Asturias, por ejemplo, hay ayudas al alquiler hasta los 35 años.
Pero el problema está ahí desde hace años y continúa. Según datos del Instituto de la Juventud, son más de cuatro millones de jóvenes españoles los que quieren emanciparse, pero carecen de medios y los poderes públicos no hacen nada efectivo para facilitarles su derecho al alojamiento, según lo denuncia el Consejo Económico y Social.

Las medidas anunciadas van en el mismo sentido electoral y clientelista, al servicio de la iniciativa privada, del sacrosanto mercado, sin quererse enterar de que la solución está en que no sea la ley del mercado la que fije por completo el precio de la vivienda. Así, toda ayuda, al alquiler o a la propiedad, irá a parar a manos de los propietarios inmobiliarios, quienes fijarán el precio en función de esas mismas ayudas, entre otros factores, con lo que ellos serán sus principales beneficiarios.

Lo que mejor define la situación del mercado inmobiliario en España es la existencia de millones de viviendas sin personas y millones de personas sin una vivienda digna, situación sin parangón en toda Europa.

Para una población de casi 45 millones de personas, contamos con un parque inmobiliario de unas 24 millones de viviendas, una vivienda por cada dos habitantes. Hay 9 millones de viviendas vacías y unos 10 millones de personas que no tienen satisfecho su derecho constitucional a disfrutar de una vivienda digna.

Éste es quizás el mayor problema de los españoles, lo es con seguridad para esos 10 millones de ciudadanos. No es por falta de oferta, ya que el volumen de construcción es el mayor de Europa, pero no pueden comprar ni alquilar al precio que les ofrece el mercado.

Constituye una asombrosa paradoja que tengamos un territorio enladrillado y un consumo de cemento similar al de China y millones de personas carezcan de alojamiento digno.

Política social falangista

Frente a esta situación, los poderes públicos siguen empleando la misma política social falangista que en 1954 promovía vivienda en propiedad mediante las viviendas de protección oficial, VPO, junto con una política fiscal de generosas ayudas para la compra de vivienda habitual y permanente, lo que nadie comprueba que sucede. Ahora, añaden algunas ayudas al alquiler.

Esto supone un enorme gasto público superior a los 13.000 millones de euros del conjunto de las administraciones públicas en el año 2007, dedicados, casi en su totalidad, a facilitar la compra de viviendas privadas, VPO y libres, sin control alguno. Toda la clase política parece encantada con un sistema perverso e ineficaz: el derecho a una vivienda digna no se sortea ni se subasta, se reconoce y punto. Por otra parte, como se comprende fácilmente, el sistema no da para todos.

Ante el fracaso estrepitoso del mercado, sólo cabe la regulación pública del mismo, de la única forma posible: a través de la constitución de un patrimonio inmobiliario público para su cesión en alquiler, Viviendas de Alquiler Limitado -VAL-, tal como se hace en el resto de Europa. ¿Qué hacer ante el déficit existente y la inexistencia de un patrimonio municipal del suelo? Por ejemplo, aumentar el gasto público hasta el 3% del PIB, pero sólo en gasto directo en viviendas públicas para el alquiler. Tal como proponía IU al Parlamento vasco en junio de 1996, sin que hayan recordado la receta desde el año 2001 en que tienen la posibilidad de aplicarla. Tampoco sus compañeros asturianos cuando estaban en el gobierno.

Y hasta tanto se construya este parque público de viviendas, sólo queda la exigencia constitucional de la función social de la propiedad inmobiliaria para atender un derecho básico y regular el alquiler forzoso de los pisos vacíos, mediante el palo y la zanahoria, llegando al desahucio de las VPO no ocupadas tal como está en la legislación desde el año 1968.
Y para lágrimas las de los cocodrilos y los ricos, con propiedades inmobiliarias sin utilizar, a cotizar, para que sea efectivo el derecho de todos los españoles a un alojamiento digno. Aunque lloren, ellos y sus tertulianos y mercenarios socialgacetilleros. Que se enteren que la Constitución española tiene más que sus cuatro primeros artículos sobre la patria y la corona. Fernando Urruticoechea Basozabal es economista-urbanista e interventor-tesorero de Administración Local

Rio abajo

Martes 16 de Octubre de 2007

 

   

  CONSUELO SÁNCHEZ-VICENTE

 Está de moda echarle la culpa de todo al «cambio climático»; pero, ¿es el río el que se mete en las calles «por el cambio climático», o las calles las que han invadido el dominio del río? Las casas que se lleva la riada siempre parecen las mismas: las más modestas. Es decir, las más cercanas a las riberas, hoy del Girona, hace cincuenta años del Turia, hace veinticinco las de la confluencia entre el Júcar y el Escalona en la presa de Tous… Y las aguas que hace once años barrieron de la faz de la tierra el camping de Biescas en el barranco de Aras, recuerdan a las de Badajoz, Málaga, Tenerife: siempre al final de una rambla, de un torrente o de un barranco, o en un cauce solo aparentemente seco. Mañana, ¿dónde? Porque, si seguimos ignorando el mensaje del río, habrá una próxima vez.
Las víctimas también son muy parecidas: las que no pueden pagarse una casa aguas arriba. Y la sensación de indefensión total que nos transmiten cuando cuentan que lo han perdido todo, hasta las fotos, idéntica. La misma desolación ante los mismos enseres que al día siguiente las teles nos muestran varados en el barro. Las vidas -y los sueños- que se lleva la riada siempre acostumbran ser las de las personas más humildes. No siempre es posible prevenir la desgracia, pero «éstas» sí. No es el río el que se mete en las casas, lo que el río hace cuando «toca llover» es recuperar su dominio. No es él «el asesino» ni «el ladrón», si no la avaricia de quienes urbanizan cauces y torrenteras por enriquecerse; a veces sin permiso, pero la mayoría de las veces con él. Casi siempre, con el permiso de la autoridad ¿competente?
Las ayudas a las víctimas de las riadas cada vez llegan antes en nuestro país, y esta vez también han llegado «antes» las autoridades, los ministros y tal, hasta la Unidad Militar de Zapatero. No soy tan cínica como para pensar que es sólo porque hay elecciones a la vista, pero aunque así fuera, bien está. Cuando la desgracia se consuma, lo primero es ayudar. Pero, la pregunta, y la cuestión, es cuánto tiempo más tardaremos en escuchar el mensaje del río. ¿Habrá «próxima vez»? ¿O nos adelantaremos a la próxima riada? Avaricia y corrupción, éstos son los culpables; y el remedio, pararlos. Parar a los especuladores salvajes del suelo y a los alcaldes no menos salvajes que recalifican hasta las macetas… no siempre para «financiar» el Ayuntamiento. ¿Para cuando una ley «nacional» que prohíba construir y penalice con el máximo rigor a quienes construyen y a quienes autorizan construir en los cauces, en los torrentes, en las ramblas, en los barrancos, en las playas o en cualquiera de los dominios naturales del agua?

Una vez más el primer teniente de Alcade de Gozón utiliza su cargo para resolver sus problemas personales

Martes 2 de Octubre de 2007

El pasado 1de octubre de 2007, el teniente alcade de Gozón se reunió con la consejera de Medio Ambiente, Belen Fernández , utilizando como escusa el saneamiento de Antromero y Bañugues, para intentar  desbloquear el proyecto de construcción de una urbanización en Verdico, donde una parte muy importante de los terrenos a recalificar son propiedad  suya o de parientes proximos 

El victimismo de nuestro Rexidor

Sábado 22 de Septiembre de 2007

Dende’l grupo IU-BA queremos denunciar el victimismo que usa el Rexidor de Gozón pa ocultar sus pretensiones autoritaries. Tras dicho victimismo lo que se alcuentra ye la falta y la incapacidá de argumentación política pa defender les sos posiciones polítiques, ya que la mayoría d’elles, o bien bordeen la illegalidá o simplemente van a la escontra de los intereses xenerales. Polo tanto la única opción que-y queda ye tratar de impedir que se produzcan debates políticos donde queden patente eses carencies y eses intenciones, baxo la escusa de que se-y insulta.Un verdadero demócrata nunca tien mieu al debate político público, y lo contrario, explica la so incapacidá o la so falta de cultura democrática. La asistencia y grabación de lo dicho en los Plenos, que non ye otra cosa que’l debate político, nunca fue problema n’esti Ayuntamiento hasta la llegada del Rexidor actual al poder. Polo tanto dende este grupo municipal vamos enfotanos en defender les llibertades y los derechos que baxu esti rodillo del PP se alcuentren seriamente amenazaos. Por último queremos facer un llamamientu a la población para que acuda a los Plenos municipales y comprueben “in situ” la situación a la que nos estamos refiriendo. 

Pablo Fernández

Estos son mis principios, si no le gustan, tengo otros

Jueves 13 de Septiembre de 2007

 

El PP pide ampliar la concesión del geriátrico e IU-BA abandona el Pleno El gobierno prorroga de 30 a 50 años el plazo cedido al centro para mayores

   

En primer término, los sillones vacíos de IU-BA, después de que sus concejales se fueran de la sesión plenaria.  

IU-BA abandonó ayer la sesión plenaria en el momento en que el equipo de gobierno (PP) propuso la prórroga de la concesión del geriátrico. La propuesta encendió los ánimos a los ediles de la coalición, que terminaron por marcharse. El Partido Popular planteaba una modificación de la propuesta presentada en la comisión informativa anterior al Pleno, según la cual el período de concesión pasaba de 30 a 50 años.Isaac Frade, portavoz de la coalición, solicitó que se retirara el asunto del orden del día, al haber modificaciones respecto de la primera propuesta. La negativa del alcalde, Salvador Fernández, a retirar el asunto llevó a los concejales de IU-BA a salir de la sesión plenaria. Minutos después del Pleno, Pilar Suárez manifestaba que la concejala de Servicios Sociales, Paula de Miguel, no conocía los entresijos del funcionamiento del ERA a la hora de adjudicar las plazas y por ello habían cambiado de postura a propuesta de IU.«Le explicamos que el organismo autónomo ERA saca a concurso las plazas que tiene y por ello no tienen por qué ser del concejo las personas que ocupen las plazas concertadas de bajo precio para los ancianos», aseguró.Los concejales de IU aseguraron que gracias a su mediación se logró que la empresa «se comprometa a garantizar una serie de plazas para los mayores del concejo; antes eso no ocurría», aseguró Pilar Suárez. Añadió, además, que «el precio de la cama exigido a la empresa será el del ERA. Si no advertimos de esto, el proceso iría adelante. No se pueden colgar la medalla, cuando ese cambio fue una propuesta de IU».Después de que los ediles de IU-BA salieran del salón de plenos, el alcalde, Salvador Fernández, declaró: «Si la oposición presenta una enmienda, por qué no va a hacerlo el equipo de gobierno». Al final, el geriátrico tendrá una concesión de prórroga de 30 a 50 años con un canon anual de 800 euros.

Las razones de la modificación son la necesidad de ajustarse a una propuesta europea que conlleva la mejora de los materiales y de los equipamientos, además de un incremento de las plazas concertadas, que deberán pasar del 20 al 30 por ciento. Por otra parte, el PP aseguró que también se han aumentado el número de trabajadores, de 36 a 47, y que se hará todo lo posible para que los empleados sean del concejo. Además, el presupuesto actual es de unos 3.200.000 euros frente a los 2.500.000 iniciales.
Isaac Frade declaró que «el equipo de gobierno, a espaldas de los grupos de la oposición, regaló en mayo de este año casi 92.000 euros con motivo de un sistema de compensaciones a la empresa encargada de las obras en el geriátrico, a cambio de más terreno».
Por otro lado, el Pleno acordó que el portavoz de los socialistas gozoniegos, Luis Morán, sea el nuevo representante de Gozón en la Mancomunidad del Cabo Peñas, junto a la concejala de Urbanismo, Rosario García. El Pleno de ayer fue el primero de este mandato. En ella se introdujo por vez primera la limitación del tiempo propuesta por el equipo de gobierno sin que se produjeran incidencias, pese a que la oposición denunció en repetidas ocasiones que las intervenciones reducidas a cinco minutos «serían un paso atrás en el sistema democrático».

La costa destruida

Miércoles 12 de Septiembre de 2007
La costa destruida
Greenpeace alerta de que las urbanizaciones ocupan cada día una superficie equivalente a tres campos de fútbol en el litoral español
«Destrucción a toda costa 2007» es el estudio de Greenpeace que denuncia la construcción masiva en el litoral español, según el cual los planes prevén la creación de tres millones de nuevas viviendas en el litoral, lo que supone que cada día el hormigón ocupe el equivalente a tres campos de fútbol. La organización propone menos campos de golf y puertos deportivos y desclasificar suelo urbanizable urgentemente.
  
  
 

El urbanismo ocupa cada día una superficie equivalente a tres campos de fútbol en el litoral español, según la organización ecologista Greenpeace, que denunció ayer que los ayuntamientos costeros planean la construcción de tres millones de viviendas nuevas.

Greenpeace presentó simultáneamente en Madrid y Barcelona el informe «Destrucción a toda costa», un estudio sobre la situación del litoral español que la organización ecologista elabora desde el año 2001.

El director de Greenpeace España, Juan López de Uralde, consideró que el «urbanismo desaforado» en el que están inmersos los ayuntamientos supone de hecho un «trasvase del patrimonio común a manos privadas», y aseguró que el mar ha comenzado ya a enviar signos de «saturación», y citó el caso de las medusas que proliferan por el aumento de la temperatura del agua y de los vertidos.

Uralde citó el caso de Marbella como paradigma de los escándalos judiciales ligados al urbanismo, el hotel del Agarrobico en Carboneras (Almería) como paradigma de los «atropellos» urbanísticos y La Marina de Cope en águilas (Murcia) como paradigma de la desclasificación de un terreno natural protegido para propiciar la construcción.
Según Greenpeace, el suelo urbanizable en la actualidad triplica la superficie de suelo ya construido, por lo que Uralde incidió en que la solución ya no pasa por frenar el urbanismo, sino por desclasificar suelo urbanizable.
Greenpeace incide, además, en los impactos negativos asociados al urbanismo, entre ellos la construcción de más infraestructuras como puertos deportivos, el consumo masivo de recursos naturales como el agua o la multiplicación de los vertidos.
Según la organización, el número de viviendas proyectadas en planes urbanísticos o territoriales roza los tres millones; se han detectado 99.519 viviendas ilegales, 89 casos de corrupción urbanística investigados y 354 implicados (entre ellos varios alcaldes).
Apunta, además, que existen 316 nuevos proyectos para construir campos de golf, 202.250 plazas hoteleras, 112 nuevos puertos deportivos o ampliaciones de éstos para 38.389 amarres y 350 municipios depuran mal las aguas o sus vertidos son ilegales.

La autora del informe, María José Caballero, criticó el progresivo incremento del número de plazas hoteleras, sobre todo en Andalucía y en Murcia, a pesar de que la industria turística acumula un constante descenso de ingresos (del 2,8 por ciento el pasado año).

La construcción masiva de segundas residencias en la costa y la consecuente destrucción de la belleza del litoral son las principales causas de la mala racha del turismo, según Greenpeace, que ha insistido en que la protección del litoral está ligada al buen desarrollo del turismo.

Un pacto de sangre

Miércoles 12 de Septiembre de 2007

Corrupción urbanística y partitocracia:


Un pacto de sangre

La vinculación entre las tramas de la construcción y la partitocracia que domina la vida política del país aparece diariamente ante nuestros ojos

Los numerosos casos de corrupción urbanística en ayuntamientos y comunidades vienen siendo tratados como casos de políticos corruptos.   Pero son demasiados casos para que se pretenda difundir como excepción lo que en realidad aparece como norma.

La vinculación entre las tramas de la construcción y la partitocracia que domina la vida política del país aparece diariamente ante nuestros ojos. El negocio de la construcción tiene como signo característico, que la diferencia de otros sectores económicos, la necesaria intervención del poder político para hacer efectiva la ganancia.

Del poder municipal, autonómico y central dependen los planes urbanísticos de cada comunidad, las recalificaciones, la adjudicación de obras, la construcción de infraestructuras que otorgarán un mayor o menor valor a lo edificado, la construcción de un mayor o menor parque de viviendas de protección oficial, la creación de equipamientos y centros de ocio en uno u otro lugar… Medidas que dependen de las decisiones del poder político, pero que intervienen subiendo o bajando el precio del mercado de la vivienda libre, e influyendo por tanto en los beneficios de promotores, constructoras e inmobiliarias. Pero, a su vez, los poderes políticos no son espectadores imparciales que imparten justicia entre unos y otros. El mercado inmobiliario es una de las principales fuentes de financiación para comunidades y ayuntamientos. Muchos de estos últimos extraen de la venta del suelo hasta el 40% de sus ingresos. Por tanto, estamos ante un círculo vicioso donde se juntan el hambre y las ganas de comer. El caldo de cultivo para que se establezcan las vinculaciones ilegítimas entre constructoras y poder político está servido.

El sistema de partitocracia actúa como catalizador. La vida política española está asfixiantemente dominada por un reducidísimo grupo de partidos, transformados en una casta cerrada y endogámica que monopolizan el poder político. Convertidos en maquinarias burocráticas, financiadas a través de ingentes subvenciones y ajenas a cualquier control democrático por parte de los electores. Esta partitocracia, es terreno abonado para la corrupción. Los dirigentes de los principales partidos, tanto a nivel central como autonómico y local, se incrustan en las élites y establecen un fluido contacto, una identidad de intereses, con los centros de poder. La corrupción urbanística tiene uno de sus extremos, como han demostrado numerosas investigaciones, en la financiación ilegal de los partidos, a cuyas arcas van a parar una parte de las “mordidas” que abonan los constructores para quedarse con el negocio.

En estas condiciones no puede resultar extraño que sea excepción la concejalía de urbanismo –tanto de partidos de derecha como de izquierdas- que no forme un sólido tándem con las principales constructoras e inmobiliarias. ¿O cuantos ayuntamientos se han atrevido a meter mano a los intereses de constructoras para hacer bajar el precio de la vivienda? Este pacto de sangre entre las élites políticas y los propietarios del negocio inmobiliario deja enormes beneficios para éstos últimos y para los ayuntamientos. Y da como resultado el mantenimiento de unos abusivos precios de la vivienda que son una losa para los trabajadores.

Poder local y escándalos urbanísticos
Corrupción en los reinos de taifas

El mismo día que José Antonio Martín Pallín, magistrado del Tribunal Supremo de trayectoria progresista, afirmaba que “el urbanismo es demasiado importante para dejarlo en manos de los ayuntamientos”, el sociólogo Enrique Gil Calvo –también escorado hacia la izquierda- escribía: “hace falta modificar la Constitución para que el Estado Central recupere su competencia plena sobre la coordinación urbanística del territorio nacional, que nunca debió perder”.

La descentralización de las competencias urbanísticas, otorgándoselas de forma plena a las comunidades, se ha transformado en abono para las permanentes irregularidades urbanísticas. Al calor de los ingentes recursos y competencias autonómicas se han gestado auténticas castas políticas locales, cuyas ambiciones por acaparar cada vez mayor poder en sus manos se ha revelado insaciable. Estas nuevas élites políticas se han hermanado con las antiguas castas locales económicas –en las que los constructores ocupan un lugar privilegiado-.

Esta íntima relación –y dado que los dirigentes autonómicos poseen toda la capacidad de decisión en cuanto a ordenación urbanística, pudiendo permitir con ello negocios millonarios– es una permanente fuente de desmanes. A esto se le une que la ejecución concreta de la política urbanística descansa en los ayuntamientos, cuyos consistorios son presa fácil para el anzuelo de las prebendas millonarias que pueden ofrecer los grandes poderes inmobiliarios.

Atajar la corrupción inmobiliaria implica también poner coto a las prácticas depredadoras de estos poderes locales.

El PP de Gozón necisita desesperadamente hacer caja

Miércoles 12 de Septiembre de 2007

 

IU-BA critica al PP por apoyar el plan de los constructores para la costa La coalición afirma que el gobierno favorece a los promotores y quiere hacer «un Benidor a lo cutre>> 

   

IU-BA criticó ayer al PP por defender la idea de los constructores de pactar un plan para edificar «de manera ordenada» en la costa gozoniega y asturiana por extensión. Este plan de edificación permitirá la construcción de segundas residencias en el litoral de la región. La coalición arremetió ayer contra el alcalde, Salvador Fernández, por considerar esta propuesta como maravillosa porque, según él, se ordenará el territorio y no habrá suspicacias sobre posibles construcciones en espacios protegidos.

Para Isaac Frade, portavoz de IU-BA, las palabras del Alcalde reflejan que el ordenamiento urbanístico ha de ser controlado por la iniciativa privada, que lógicamente tiene intereses particulares. «Para ordenar el territorio de manera legal y correcta, previa a la aprobación del PGOU, tenemos que hacer el catálogo urbanístico, además del informe de sostenibilidad ambiental», dijo Frade.«El PP le está poniendo la alfombra a los constructores y pone de manifiesto su modelo de ordenamiento para seguir promocionando la segunda vivienda, que no significa otra cosa que pisos vacíos durante todo el año, excepto los meses de verano», aseguró Frade. «La única justificación para hacer más viviendas es que tengan algún tipo de protección para que se permita el acceso a una primera vivienda y se fije población en el concejo. Queremos a nuestro concejo, y el equipo de gobierno quiere convertirlo en un Benidorm a lo cutre», añadió el portavoz de la coalición.

Una de cal y otra de arena del presidente de ASAJA, segun interese, unas veces somos un concejo ganadero, otras, no pasamos de tener vacas de compañia

Miércoles 12 de Septiembre de 2007

 

Un concejo ganadero reconocido con premio

 

 

Por la izquierda, Ramón Artime, Alejandro Inclán, Salvador Fernández y Juan Carlos Conde, ayer, en el salón de plenos del Ayuntamiento.  

  

Los ganaderos Alejandro Inclán y Juan Carlos Conde, de las ganaderías Inclán, de Nieva y Regalao, de Cardo, respectivamente, entregaron ayer al Ayuntamiento el galardón que acredita al concejo como el mejor en la categoría de raza frisona. Este premio fue recibido en el mercado regional de ganado de San Agustín, el pasado 28 de agosto, en Avilés. El municipio de Gozón es el concejo asturiano con mayor media de cuota lechera por explotación, pese a que Tineo tenga un número más alto de ganaderías. Inclán y Conde se mostraron «orgullosos» de que el concejo gozoniego gane, de nuevo, el título de mejor vaca frisona del Principado de Asturias. El alcalde, Salvador Fernández, y el teniente alcalde, Ramón Artime, recogieron el premio.

L´AVARICIA

Viernes 7 de Septiembre de 2007

Pa muncha xente falar y entender d´economía resulta dalgo sumamente complexo y opaco, cuasi una misión imposible. Cuando dalgo tan fundamental y cotidiano com ye la xera económica se torna tan poco tresparente pa la mayoría de la ciudadanía, ún nun puede evitar sentir rocea hacia dicha situación. Sicasí, a poco que quitemos toa esa rodiella de pallabrería ´técnica´ que l´antroxa podemos entamar a esclariar dellos principios mui cenciellos con unes consecuencies abondo nefastes pa la mayoría de la sociedá, o polo menos ésa ye la conclusión que saca un ´lego´na materia como yo.

Ún de los principios fundamentales qu´informa tola xera económica ye éste: ´Algamar el másimu beneficiu al menor coste´Polo tanto, too queda xustificao si se producen beneficios y rentabilidá. Eso esplica por qué cientos de persones muerren náccidentes  llaborales ( invertir en seguridá resta beneficiu). Dende esti principiu, términos como competitividá tórnense en verdaderos cuchiellos que dixebren y mutilen miles d´aliendos vitales arrequexándolos na más absoluta marxinalidá. Esti principiu aplicáu al tarrén de toos y toes ( lo publico) supón la privatización de la solidaridá, la cuantificación y rentabilización de la mesma   y, poro, la tresformación de dalgo digno y necesario pa la sobrevivencia, nun sentimientu fondu d´avaricia ( Qué gano yo nesto).

Otru de los principios económicos ( cuasi podríen denominase teolóxicos pola so intocabilidá) ye´l  de ´El mercau autorregúlase´. Esto ye la última versión de la llei del más fuerte. Si yo puedo medrar, ¿ por qué van poneme pilancos que lo impidan? O, si se quier llevar a otru contestu´l mesmu principiu, diba ser asina. << Si yo tengo un coche que corre a 300 kilómetros per hora, ¿ por qué ponen eses siñales que me llimiten a la capacidá que poseo? Si los demás tienen una ´pataca´de coche, ¿ qué culpa tengo yo?>>. Una economía de mercaú que nun tenga midiés que la equilibren -midies que l´axusten a la sociedá o sociedades que la sostienen a traviés de los recusos económicos públicos, infraestructuras, patrimoniu ecolóxico, capital social ( trabayadores), etcétera, sofitaos nunos principios de solidaridá, igualda y xusticia, dexenera nuna especie de darwinismo social onde los más fuertes ( fortaleza algamada siempre a resultes de destruir a los más febles) medren ensin llende, dexando al pasu un regatu de probitú, miseria y marxinación social.

Los equilibrios sociales sofitense nel repartu de la riqueza, que ye lo que nel fondu fai exposigar una sociedá. La cultura, la educación, la igualdá en tola ciudadanía, la superación del modelu consumista como ´relixión´que da sentíu a la nuesa esistencia, lésmolecimientu y la implicación poles cuestiones de la ´polis´y la sensibilidá y empatiá con quien ye diferente son dalgunes de les cuestiones que podríen sacanos d´esti sistema de mercáu que tres de lo so aparente complexidá escuende  dalgo tan cenciello y gafo como ye l´avaricia; eso sí, amazcarada de rentabilidá, eficacia, complexidá…

Pablo Fernández

Boceru del Bloque por Asturies y conceyal de IU-BA de Gozón

El presidente de ASAJA sigue siendo el maximo defensor de los especuladores

Martes 4 de Septiembre de 2007

El PP asegura que la protección de Aramar no afectará al plan residencial de El Dique

Ramón Artime dice que la catalogación sólo incluye astilleros y que el suelo donde se construirá «lo calificó como urbano en 1995 Izquierda Unida»

 

 

Ramón Artime, teniente alcalde de Gozón, aseguró ayer que la catalogación de bien de interés cultural declarada por el Principado para la zona de Aramar sólo incluye los astilleros y no afecta a los terrenos donde se quiere construir viviendas adosadas, en Los Laureles.El concejal del PP explicó que ese suelo está calificado como urbano desde 1995, cuando se revisaron las normas urbanísticas del concejo «cuando la ex concejala de IU Gabriela Álvarez era la responsable del área de Urbanismo». «A la zona de El Dique no le afecta para nada la protección. La construcción de los cuatro chalés adosados se sigue pudiendo hacer con lo que hay hasta ahora», dijo Artime.

La afirmación del edil popular se contrapone a la de IU, que mantiene que la protección de la zona no sólo recoge los elementos de astilleros, que colindarían con el proyecto de construcción de adosados, sino que se incluyen también los yacimientos de la torre medieval del Aramar y otros como la cabecera de El Dique y el conjunto de la isla del Carmen.

Ramón Artime aseguró que Isaac Frade, portavoz de la coalición, con esa postura «sí está actuando a mala fe». «Se demuestra que es un mal representante de los ciudadanos que le eligieron como concejal en el Ayuntamiento. El portavoz de IU se está balanceando en la última rama del árbol, con el peligro que eso conlleva», añadió el teniente alcalde.

El plan urbanístico con el que se persigue construir apartamentos adosados fue aprobado con el apoyo del Partido Popular y la Agrupación Independiente de Gozón (AIGO), y con el rechazo de los concejales socialistas e Izquierda Unida. La declaración del servicio de Patrimonio viene precedida de un encargo que hizo la Asociación de Vecinos «Los Laureles» al historiador local Gerardo Díaz para que hiciera un informe sobre los terrenos afectados por el plan urbanístico en el entorno de la playa de El Dique. En enero, tras el informe remitido por Díaz, el servicio de Patrimonio comunicó el inicio de la catalogación del entorno y su interés de declarar la zona de Aramar como zona BIC (bien de interés cultural).
El proyecto, sin embargo, se paralizó hace meses, después de que IU-BA presentara una serie de alegaciones. «Con ellas pretendíamos demostrar la inviabilidad legal del proyecto de El Dique, aspecto que hasta el día de hoy es incuestionable», dijo. La coalición reivindica, apoyado en la declaración de Patrimonio, un «proyecto de concejo, para huir de planes urbanizadores que arrasan el municipio con el objetivo de transformar los recursos».

Derechos frente a privilexios

Sábado 25 de Agosto de 2007

DERECHOS FRENTE A PRIVILEXIOS En les sociedades modernes, lléase estaos de derechu o democráticos, la xente que s’axusta a les sos leyes fainlo en calidá de suxetos de derechos y deberes, superando d’esta mena a los sistemes rexidos polos privilexios d’algunos ciudadanos sobre’l resto. Esto ye la teoría y el quefacer diariu de una práctica cuyos resultaos son estremaos. Nel casu nuestru, dende un conceyu pequeñu como’l de Gozón, toes estes coses albidriense de forma más nidia (alguna ventaxa tien que tener ser pequeños). Refiérome al vezu por parte d’algunos representantes políticos de tratar problemes ciudadanos “a pie de cai” y a “golpe” de teléfonu móvil. En principio pue vese en ello una imaxen de cercanía al ciudadanu e incluso d’eficacia, pero dende que Platón dixebró la realidá entre apariencies y esencies, lo que nun principiu parez un comportamiento social y políticamente valoratible, tornase de xuru nel niciu d’una riestra de “fallos” cuyes consecuencies afecten a los raigños mesmos del estau de derechu, los cuales, puen resumise de la siguiente mena:

  1. Foméntase el clientelismo y el “que hay de lo mio”
  2. Foméntase el populismo y el “non te preocupes qu’eso arreglotelo yo”.
  3. Foméntase el partidismo: “a ese nin agua que ye de los otros”
  4. Alloriase a los técnicos y los trabayadores municipales desperdiciando recursos, tiempo y dinero: “¡pero si mandárome ponelo equí!

- ¡Pues agora hay que quitalo!”.Concluyendo: los problemes de los ciudadanos hay que los tratar dende les instituciones de forma que toos los ciudadanos sean atendidos en base a los sos derechos y nunca a los sos privilexios (que non los hay porque toos y toes somos iguales ¿non?). La función de los responsables políticos, llease n’esti casu’l rexidor del conceyu y polo tanto xefe del personal municipal, ye tar sollerte pa que se cumpla la lley y que los funcionarios, técnicos y demás trabayadores respondan a criterios operativos: organización, planificación, cualificación, etc.El inconveniente que tien esto pa un gobernante que entiende la política dende una óptica “paternalista” (nel meyor de los casos), ye que-y resta protagonismu e influencia sobre la xente, pero pa los que creemos na democracia, los derechos ciudadanos sustituyen a los privilexios y esto tornase nuna de les mayores ayalgues que pue tener una sociedá civilizada.  Pablo FernándezConceyal de IU-BA de Gozón.  

La bien pagá

Jueves 2 de Agosto de 2007

          La bien pagá.  

 Aunque seguro que no es de lo mas importante que está pasando, estos días en nuestra villa de Luanco y en el resto del Concejo, los comentarios y mariaxis en todas que mas abundan, son sobre el sueldo de los liberados en Ayuntamiento. Y es que el alcalde de Gozón ha pasado cuando se ha conocido la verdad de ser considerado un alcalde austero en salario a ser el cuarto mejor pagado de Asturies.

    Gran parte de la culpa de tanto comentario y de las críticas vertidas sobre este asunto es de ellos mismos, del alcalde y de teniente alcalde. Primero, por supuesto, por ponerse esos sueldos desproporcionados (58.701,60 y 41.628,12 euros respectivamente), dietas de viaje, comidas de protocolo, etc, aparte; que para un municipio como el nuestro de poco mas de 10.000 habitantes y el presupuesto corriente que manejamos son una barbaridad.

   La otra parte de la culpa es por pretender ocultarlo a la opinión pública, y de forma interesada, hacer que trascendiera esa falsa austeridad. Luego claro, cuando se sabe la verdad, la gente se mosquea y con razón. Da la impresión que lo que realmente sonroja a estos liberados del equipo de gobierno es que se sepa cuanto cuestan al erario público, cuando lo que debiera sonrojarles es cargar estas cantidades monetarias a los vecinos de Gozón, sumadas a disponer de secretaria particular y coche oficial.

    Si a la gente puede molestarle el abuso de la mayoría para ponerse estos sueldos, mas le molesta la marrullería y la falsedad, y de esta práctica, estos personajes son genios. Y voy a explicarme. Cuando se liberó al sr. Artime, el teniente de alcalde en un pleno de Noviembre de 2004, el entonces concejal de hacienda, sr. Muñiz Poo, justificaba el precio de la liberació diciendo:

” es la misma cantidad que la anterior liberación que hubo, que correspondía a la sra. Gabriela Álvarez de IU cuando fue teniente de alcalde en la legislatura 1991/95, con las actualizaciones del IPC aplicadas..”

   Mentira y gorda. Hagamos un poco de justicia con la verdad. La liberación de esta concejal de Izquierda Unida en cifras exactas, y para comprobarlo ahí está el acta del pleno de fecha 01/10/1991, suponía un bruto anual de 13.449 euros y un neto a percibir de 751,27 euros al mes. Si aplilcamos las actualizaciones del IPC de estas cantidades a la actualidad, supondría un bruto anual de 23.510,25 euros lo que le correspondería al actual teniente de alcalde y no los 41.628,12 euros. O sea que, según el anterior concejal de hacienda, el sr. Artime costaría ahora 18.117,87 euros al año mas de lo que debiera. 

    Y es que tiene narices que cuando estuvo liberada Gabriela cobrando 125.000 de las antiguas pesetas de neto y el bruto antes señaldo que en pesetas suponía 2.237.772, levantara aquellas reacciones tan ofensivas en la derecha y entorno de la misma en Gozón. Y eso que de aquella no había ni secretario particular ni coche oficial.

    Todavía no hace mucho, de este entorno salió llamarla “la bien pagá”, sin embargo nada se les oye decir de los nuevos salarios de los flamantes “reyes del mambo” que actualmente gobiernan el Ayuntamiento. Y es que siempre se emplearon diferentes varas de medir dependiendo de quien se trate.

Isaac Frade Fernández.

Coordinador de IU de Gozón.

La batalla de la costa

Viernes 22 de Junio de 2007
La batalla de la costa
Juan Pedrayes, arquitecto maliayés, teoriza sobre la «enconada lucha de clases» que se libra en el litoral, donde disputan vecinos, turistas y los llamados «territoriantes»
Foto
 
Juan Pedrayes, junto a la escultura de Úrculo en Villaviciosa.
 
  
 
 
 

El futuro panorama urbanístico de los concejos de la Asturias costera será el fruto de una «enconada» lucha de clases sociales. Aquí no cabe contienda entre el capital y el proletariado, al modo en que teorizó Carlos Marx. Son otros los que batallan por un mismo territorio: pugnan los vecinos, los turistas y, atención, los «territoriantes», «un tipo de población que habita fragmentos de territorios en ciudades diferentes, en muchas ocasiones de forma cotidiana». La presencia de esta último grupo se irá acentuando a medida que se incremente la movilidad social gracias a los trenes de alta velocidad y los vuelos baratos. Son, dicho de otra manera, los habitantes de esas «segundas» residencias que empiezan a proliferar en la costa asturiana.

Quien certifica, y teoriza, la existencia de esta nueva lucha de clases costera es el arquitecto maliayés Juan Pedrayes Obaya, integrante de la asociación Amigos del Paisaje de Villaviciosa, Cubera, y uno de los más destacados estudiosos de la evolución urbanística de la Villa.

Pedrayes considera que esta lucha a tres bandas por un mismo espacio surge del nuevo enfoque que el Gobierno regional da al territorio asturiano, «considerando a todo el país como una Ciudad-Región». Cree Pedrayes que el concepto de Ciudad-Región es caduco y en él lo rural aparece «como periférico, atrasado y marginal». Opina que la Ciudad- Región tiende a «desparramar sus suburbios sin control por toda Asturias», con la creación de lo que el arquitecto holandés Rem Kolhaas definió como «espacio basura», es decir, «el residuo que la humanidad deja sobre el planeta». Pedrayes añade que esta concepción de Ciudad-Región, unida a la consideración del turismo como un sector estratégico, «puede llevar a pique un diseño de país».
Batalla costera
Pero vayamos a los tres bandos en conflicto en la costa asturiana. En primer lugar están los vecinos. «Son propietarios que vienen de la organización social de la aldea asturiana», define Pedrayes. «En aquellas parroquias con presión edificatoria funcionan como propietarios del suelo, no como industriales agropecuarios. En poco tiempo han pasado de habitar los restos de la explotación comunal de la aldea al desguace de la casería por cese de negocio. ¡Sálvese quien pueda!», exclama el arquitecto maliayés. Luego están los turistas. Dice Pedrayes que, fundamentalmente, el turista es madrileño en camiseta «que viaja en pareja, calza chancletes y vuelve de vez en cuando». Argumenta que, según la antropología moderna, el turista es «un buscador de lo auténtico» y en esta búsqueda el turista entra en una «meta-realidad, un concepto de tiempo distinto» donde sus facultades mentales quedan transitoriamente enajenadas. «Son, técnicamente, enfermos».

Pero de las tres clases sociales en disputa la que a Pedrayes le resulta más peligrosa, «por su tendencia a degenerar en turista crónico», es el llamado «territoriante». Así se comporta esa clase social itinerante: «usa torticeramente un doble lenguaje lastimero de inclusión/exclusión respecto a su relación con los vecinos aldeanos. Por ejemplo: pasa de molestarse de les boñigues de les caleyes y el ruido ensordecedor de los voladores a quejarse de que “esto lo están estropeando con tanta masificación”, olvidando que él mismo llegó de la misma manera. Crea problemas/residuos y no cotiza para resolverlos», subraya el arquitecto maliayés. Pedrayes sentencia: «Esta epidemia es el mejor ejemplo de la actual hibridación social y tiene un enorme potencial de creación de la “Asturias basura”».

La consecuencia de la lucha de clases, dentro de esta teoría de Pedrayes, tiene un diagnóstico claro: «septicemia territorial, una infección general causada por las hemorragias de una bulimia galopante en los concejos costeros, y la anoréxica muerte por inanición de la aldea interior». Juan Pedrayes considera que la situación es «gravísima» y para atajar «semejante epidemia», propone un «Plan de Manejo de Turistas y Territoriantes que evitase un consumo desorbitado de espacio y recursos, y canalizase los principales flujos generados por ellos». Para canalizar ese río propone cuatro medidas.
Concentración turística
La primera sería alojar a los turistas en «resort-apartheid», especies de campos de concentración para turistas, sin constelaciones de adosados, que serían un «un todo incluido» donde se pudiera «exprimir al turista en una hiperrealidad astur». Pone un ejemplo: «la redefinición de la Ciudad de Vacaciones de Perlora puede ser un buen espacio para su instalación». Pedrayes considera que el consumo del territorio debería de estar gravado «con un canon anual al concejo donde se instale un hotel, y su gestión debería de generar ingresos directos a los vecinos de la parroquia donde se levante, pues se trataría de una gestión solidaria de recursos, similar a la que se debiera hacer de los montes comunales». Y añade: «Las plusvalías han de ser repartidas. Esto no es utópico, recordemos que hace veinte años nadie pagaba por aparcar en la calle».

La segunda medida que Juan Pedrayes propone es desplazar a los «territoriantes» «a la red de villas y núcleos rurales para densificar las villas y primar la rehabilitación de las aldeas». Su tercera medida se basa en el criterio «quien consume territorio, paga». Y el arquitecto maliayés la argumenta así: «Es injusto, y va contra los intereses generales de Asturias, vender a precio de saldo nuestro territorio sin contrapartidas. Aquellas personas no censadas en Asturias deberían pagar impuestos especiales en la adquisición de terrenos y viviendas, cuyo importe serviría para mejorar los servicios urbanísticos». Finalmente, plantea que en los pueblos «no afectados por la presión territoriante» se establezca como objetivo fijar población con actividades agrícolas y ganaderas. Pero para ello Juan Pedrayes propone un retoque en los criterios de reparto: «para un correcto reparto de los recursos no debe primarse el número de habitantes, sino los kilómetros cuadrados de cada concejo. Este parámetro es el más eficaz, lo mismo que lo sería un censo de “territoriantes”, que sin duda depararía muchas sorpresas».