Isaac Frade | Candidatos 2007 | Izquierda Xunida

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Una de cal y otra de arena del presidente de ASAJA, segun interese, unas veces somos un concejo ganadero, otras, no pasamos de tener vacas de compañia

Miércoles 12 de Septiembre de 2007

 

Un concejo ganadero reconocido con premio

 

 

Por la izquierda, Ramón Artime, Alejandro Inclán, Salvador Fernández y Juan Carlos Conde, ayer, en el salón de plenos del Ayuntamiento.  

  

Los ganaderos Alejandro Inclán y Juan Carlos Conde, de las ganaderías Inclán, de Nieva y Regalao, de Cardo, respectivamente, entregaron ayer al Ayuntamiento el galardón que acredita al concejo como el mejor en la categoría de raza frisona. Este premio fue recibido en el mercado regional de ganado de San Agustín, el pasado 28 de agosto, en Avilés. El municipio de Gozón es el concejo asturiano con mayor media de cuota lechera por explotación, pese a que Tineo tenga un número más alto de ganaderías. Inclán y Conde se mostraron «orgullosos» de que el concejo gozoniego gane, de nuevo, el título de mejor vaca frisona del Principado de Asturias. El alcalde, Salvador Fernández, y el teniente alcalde, Ramón Artime, recogieron el premio.

El presidente de ASAJA sigue siendo el maximo defensor de los especuladores

Martes 4 de Septiembre de 2007

El PP asegura que la protección de Aramar no afectará al plan residencial de El Dique

Ramón Artime dice que la catalogación sólo incluye astilleros y que el suelo donde se construirá «lo calificó como urbano en 1995 Izquierda Unida»

 

 

Ramón Artime, teniente alcalde de Gozón, aseguró ayer que la catalogación de bien de interés cultural declarada por el Principado para la zona de Aramar sólo incluye los astilleros y no afecta a los terrenos donde se quiere construir viviendas adosadas, en Los Laureles.El concejal del PP explicó que ese suelo está calificado como urbano desde 1995, cuando se revisaron las normas urbanísticas del concejo «cuando la ex concejala de IU Gabriela Álvarez era la responsable del área de Urbanismo». «A la zona de El Dique no le afecta para nada la protección. La construcción de los cuatro chalés adosados se sigue pudiendo hacer con lo que hay hasta ahora», dijo Artime.

La afirmación del edil popular se contrapone a la de IU, que mantiene que la protección de la zona no sólo recoge los elementos de astilleros, que colindarían con el proyecto de construcción de adosados, sino que se incluyen también los yacimientos de la torre medieval del Aramar y otros como la cabecera de El Dique y el conjunto de la isla del Carmen.

Ramón Artime aseguró que Isaac Frade, portavoz de la coalición, con esa postura «sí está actuando a mala fe». «Se demuestra que es un mal representante de los ciudadanos que le eligieron como concejal en el Ayuntamiento. El portavoz de IU se está balanceando en la última rama del árbol, con el peligro que eso conlleva», añadió el teniente alcalde.

El plan urbanístico con el que se persigue construir apartamentos adosados fue aprobado con el apoyo del Partido Popular y la Agrupación Independiente de Gozón (AIGO), y con el rechazo de los concejales socialistas e Izquierda Unida. La declaración del servicio de Patrimonio viene precedida de un encargo que hizo la Asociación de Vecinos «Los Laureles» al historiador local Gerardo Díaz para que hiciera un informe sobre los terrenos afectados por el plan urbanístico en el entorno de la playa de El Dique. En enero, tras el informe remitido por Díaz, el servicio de Patrimonio comunicó el inicio de la catalogación del entorno y su interés de declarar la zona de Aramar como zona BIC (bien de interés cultural).
El proyecto, sin embargo, se paralizó hace meses, después de que IU-BA presentara una serie de alegaciones. «Con ellas pretendíamos demostrar la inviabilidad legal del proyecto de El Dique, aspecto que hasta el día de hoy es incuestionable», dijo. La coalición reivindica, apoyado en la declaración de Patrimonio, un «proyecto de concejo, para huir de planes urbanizadores que arrasan el municipio con el objetivo de transformar los recursos».

IU-BA afirma que es incompatible que Aramar sea >

Martes 4 de Septiembre de 2007

IU afirma que es incompatible que Aramar sea «de interés cultural y urbanizable»

   

«Es absolutamente incompatible conciliar que la zona de Aramar sea un lugar sujeto a interés con la propuesta de declaración de zona de bien de interés cultural y a la vez pretender que esto no se contradiga con la construcción de una urbanización como se contemplaba en el plan urbanístico del PP». Así de rotundo fue ayer Isaac Frade, portavoz de IU-BA, al referirse a lo expuesto anteayer por el teniente alcalde, Ramón Artime, que mantuvo que «la declaración de interés cultural que pretende realizar Patrimonio con la zona de Aramar no cuestiona la legalidad del convenio urbanístico».
Frade aseguró que «el PP apuesta por hormigonar Aramar e IU-BA, por destacar los valores históricos naturales de este lugar como uno de los principales atractivos de Luanco». Más aun, el portavoz de IU le recordó al teniente alcalde «la masiva» manifestación contra la construcción de viviendas en la zona de Aramar.
Por otro lado, el edil de la coalición gozoniega destacó que «es inadmisible que Artime pretenda ensuciar a la ex concejala Gabriela Álvarez, ya que evidencia una bajísima categoría política».

Derechos frente a privilexios

Sábado 25 de Agosto de 2007

DERECHOS FRENTE A PRIVILEXIOS En les sociedades modernes, lléase estaos de derechu o democráticos, la xente que s’axusta a les sos leyes fainlo en calidá de suxetos de derechos y deberes, superando d’esta mena a los sistemes rexidos polos privilexios d’algunos ciudadanos sobre’l resto. Esto ye la teoría y el quefacer diariu de una práctica cuyos resultaos son estremaos. Nel casu nuestru, dende un conceyu pequeñu como’l de Gozón, toes estes coses albidriense de forma más nidia (alguna ventaxa tien que tener ser pequeños). Refiérome al vezu por parte d’algunos representantes políticos de tratar problemes ciudadanos “a pie de cai” y a “golpe” de teléfonu móvil. En principio pue vese en ello una imaxen de cercanía al ciudadanu e incluso d’eficacia, pero dende que Platón dixebró la realidá entre apariencies y esencies, lo que nun principiu parez un comportamiento social y políticamente valoratible, tornase de xuru nel niciu d’una riestra de “fallos” cuyes consecuencies afecten a los raigños mesmos del estau de derechu, los cuales, puen resumise de la siguiente mena:

  1. Foméntase el clientelismo y el “que hay de lo mio”
  2. Foméntase el populismo y el “non te preocupes qu’eso arreglotelo yo”.
  3. Foméntase el partidismo: “a ese nin agua que ye de los otros”
  4. Alloriase a los técnicos y los trabayadores municipales desperdiciando recursos, tiempo y dinero: “¡pero si mandárome ponelo equí!

- ¡Pues agora hay que quitalo!”.Concluyendo: los problemes de los ciudadanos hay que los tratar dende les instituciones de forma que toos los ciudadanos sean atendidos en base a los sos derechos y nunca a los sos privilexios (que non los hay porque toos y toes somos iguales ¿non?). La función de los responsables políticos, llease n’esti casu’l rexidor del conceyu y polo tanto xefe del personal municipal, ye tar sollerte pa que se cumpla la lley y que los funcionarios, técnicos y demás trabayadores respondan a criterios operativos: organización, planificación, cualificación, etc.El inconveniente que tien esto pa un gobernante que entiende la política dende una óptica “paternalista” (nel meyor de los casos), ye que-y resta protagonismu e influencia sobre la xente, pero pa los que creemos na democracia, los derechos ciudadanos sustituyen a los privilexios y esto tornase nuna de les mayores ayalgues que pue tener una sociedá civilizada.  Pablo FernándezConceyal de IU-BA de Gozón.  

despilfarros en la Xunta de Fraga

Miércoles 15 de Agosto de 2007

Una auditoría oficial destapa desfases millonarios y tratos de favor en 2003 y 2004 - El Gobierno autónomo benefició a socios de altos cargos y a empresarios cercanos al PP

J. PRECEDO / S. VIZOSO - Santiago - 15/08/2007

  

Los auditores oficiales de la Administración gallega han destapado graves irregularidades en la gestión de la Xunta gobernada por el Partido Popular. Analizando las cuentas del Gobierno durante los últimos dos años de mandato de Manuel Fraga, el Consello de Contas ha detectado despilfarros millonarios en proyectos como la organización del año jacobeo o la construcción de un faraónico complejo cultural en Santiago. El informe también revela tratos de favor a socios de altos cargos del gobierno del PP, a empresarios vinculados al partido y a grandes compañías como Unión Fenosa.

  • Unión Fenosa recibió numerosos contratos en adjudicaciones irregulares

El ex presidente gallego Manuel Fraga se empeñó a finales de los noventa en levantar a las afueras de Santiago un descomunal complejo cultural que sólo en gastos de mantenimiento absorbería 48 millones de euros al año. Los auditores oficiales de Galicia han revelado ahora que el proyecto, llamado Cidade da Cultura, le saldrá a las arcas públicas incluso mucho más caro de lo esperado. Lo invertido en la obra supera ya los 373 millones, el triple de lo previsto, y su utilidad está cuestionada. Las cuentas de este agujero negro fueron auditadas por un socio de varios altos cargos de Fraga.

El Consello de Contas, órgano fiscalizador de la Administración gallega, acusa al anterior Gobierno del PP de “abdicar de sus responsabilidades en la gestión prudente y planificada de los fondos públicos”. Con esta actitud en el manejo del dinero de los gallegos, el equipo de Fraga provocó, por ejemplo, que los gastos de ejecución de la Cidade da Cultura se hayan triplicado en favor del autor del proyecto, el arquitecto Peter Eisenman.

Eisenman acordó con la Xunta en 2000 unos honorarios de casi 14 millones de euros, que crecerían proporcionalmente si así lo hacía el presupuesto de la obra, tal y como ocurrió. Además de estos jugosos ingresos, el arquitecto estadounidense recibió carta blanca para actuar con “total libertad presupuestaria”.

Cuando en 2005 socialistas y nacionalistas tomaron las riendas de la Xunta, encomendaron a un comité de sabios la labor de enderezar en lo posible este faraónico proyecto dándole contenido a los edificios del complejo. El Consello de Contas critica también que estos asesores contratados por el bipartito gocen de competencias excesivas en las decisiones de gasto. El ejemplo más extremo es el de los expertos encargados de hacer viable una biblioteca: impulsaron la construcción de un aparcamiento para los futuros trabajadores del recinto que costará “seis veces más” que los fondos bibliográficos.

El supuesto control de las cuentas de la fundación que gestiona la construcción de este complejo ha estado en manos de una empresa que logró sustanciosos contratos del Gobierno de Fraga. El responsable de esta sociedad es una persona cercana el PP gallego. Auditores Asociados de Galicia tiene como administrador a Francisco Loimil, que ahora es socio de varios ex altos cargos de la Consellería de Cultura, el departamento del que depende la ejecución de la Cidade da Cultura. Su esposa trabaja en la fundación que dirige el proyecto.

Loimil es secretario, consejero y administrador de la empresa Comunled, SA, en la que figuran José Manuel Soto Vázquez y José María Sánchez González, ex altos cargos de la citada consejería, y Francisco Campos Freire, anterior director general de la radio y televisión autonómicas.

En Comunled aparecen directivos de grandes empresas que tuvieron también relación con la consultora que se encargó de controlar las cuentas de la Cidade da Cultura. Estas compañías patrocinaron el Xacobeo a través de Auditores Asociados de Galicia, otro de los trabajos que esta sociedad hizo para el Gobierno gallego. Por lograr patrocinadores, la compañía de Loimil le cobró a la Xunta más de 4 millones de euros, pese a que había otra empresa que ofrecía el mismo servicio por 47.996 euros. Otro organismo público, la Fundación Galega para o Deporte, le pagó a Auditores Asociados de Galicia más de un millón de euros por buscar patrocinadores, tras un concurso que, según los auditores oficiales, se diseñó a medida.

Socios de Loimil en Comunled son Ricardo Oñate Fernández, secretario general de Leche Pascual; Ángel Barutell Farinós, director de Relaciones Externas de El Corte Inglés, y Rafael Cortés Elvira, ex secretario de Estado para el Deporte en los gobiernos socialistas. También ha formado parte de esta sociedad Carlos Illa Martínez, ex director de Patrocinios y Cuentas Publicitarias de Telefónica España.

El chófer constructor del presidente de la Diputación

Los desaguisados en la gestión de los municipios también han encontrado espacio en la memoria del organismo fiscalizador. En varios folios, el Consello de Contas se extiende en los procedimientos utilizados por el Ayuntamiento de Ribadumia (gobernado por el PP) para amañar concursos que favorecieron a la empresa creada por el chófer del presidente de la Diputación de Pontevedra y concejal en esa localidad, Rafael Louzán, que también preside el PP provincial.La sociedad Pavimentos de Meaño obtuvo más de la mitad de los contratos de obra (301.578 euros) adjudicados en el Ayuntamiento durante 2003. Para ello, el gobierno local fraccionó los contratos hasta el límite legal con el fin de evitar la libre concurrencia a los concursos públicos. A través del procedimiento negociado, basta con que se presenten tres empresas a las adjudicaciones. Dos de ellas lo hicieron incumpliendo de forma flagrante las bases para que Pavimentos de Meaño se llevara los contratos.Las tres sociedades que teóricamente competían entre sí tienen claras vinculaciones. Las dos que perdieron presentaron idénticos números de teléfono y de fax y, además, la responsable que firmó las recepciones municipales de ambas compañías figura como apoderada de la tercera, Pavimentos de Meaño, que por este procedimiento se hizo con las obras. La empresa creada por el chófer del líder provincial del PP vive exclusivamente de las obras públicas. El 93% de sus ingresos en 2005 (2,4 millones) provino de contratos de la Diputación y de municipios con alcalde del PP.

La bien pagá

Jueves 2 de Agosto de 2007

          La bien pagá.  

 Aunque seguro que no es de lo mas importante que está pasando, estos días en nuestra villa de Luanco y en el resto del Concejo, los comentarios y mariaxis en todas que mas abundan, son sobre el sueldo de los liberados en Ayuntamiento. Y es que el alcalde de Gozón ha pasado cuando se ha conocido la verdad de ser considerado un alcalde austero en salario a ser el cuarto mejor pagado de Asturies.

    Gran parte de la culpa de tanto comentario y de las críticas vertidas sobre este asunto es de ellos mismos, del alcalde y de teniente alcalde. Primero, por supuesto, por ponerse esos sueldos desproporcionados (58.701,60 y 41.628,12 euros respectivamente), dietas de viaje, comidas de protocolo, etc, aparte; que para un municipio como el nuestro de poco mas de 10.000 habitantes y el presupuesto corriente que manejamos son una barbaridad.

   La otra parte de la culpa es por pretender ocultarlo a la opinión pública, y de forma interesada, hacer que trascendiera esa falsa austeridad. Luego claro, cuando se sabe la verdad, la gente se mosquea y con razón. Da la impresión que lo que realmente sonroja a estos liberados del equipo de gobierno es que se sepa cuanto cuestan al erario público, cuando lo que debiera sonrojarles es cargar estas cantidades monetarias a los vecinos de Gozón, sumadas a disponer de secretaria particular y coche oficial.

    Si a la gente puede molestarle el abuso de la mayoría para ponerse estos sueldos, mas le molesta la marrullería y la falsedad, y de esta práctica, estos personajes son genios. Y voy a explicarme. Cuando se liberó al sr. Artime, el teniente de alcalde en un pleno de Noviembre de 2004, el entonces concejal de hacienda, sr. Muñiz Poo, justificaba el precio de la liberació diciendo:

” es la misma cantidad que la anterior liberación que hubo, que correspondía a la sra. Gabriela Álvarez de IU cuando fue teniente de alcalde en la legislatura 1991/95, con las actualizaciones del IPC aplicadas..”

   Mentira y gorda. Hagamos un poco de justicia con la verdad. La liberación de esta concejal de Izquierda Unida en cifras exactas, y para comprobarlo ahí está el acta del pleno de fecha 01/10/1991, suponía un bruto anual de 13.449 euros y un neto a percibir de 751,27 euros al mes. Si aplilcamos las actualizaciones del IPC de estas cantidades a la actualidad, supondría un bruto anual de 23.510,25 euros lo que le correspondería al actual teniente de alcalde y no los 41.628,12 euros. O sea que, según el anterior concejal de hacienda, el sr. Artime costaría ahora 18.117,87 euros al año mas de lo que debiera. 

    Y es que tiene narices que cuando estuvo liberada Gabriela cobrando 125.000 de las antiguas pesetas de neto y el bruto antes señaldo que en pesetas suponía 2.237.772, levantara aquellas reacciones tan ofensivas en la derecha y entorno de la misma en Gozón. Y eso que de aquella no había ni secretario particular ni coche oficial.

    Todavía no hace mucho, de este entorno salió llamarla “la bien pagá”, sin embargo nada se les oye decir de los nuevos salarios de los flamantes “reyes del mambo” que actualmente gobiernan el Ayuntamiento. Y es que siempre se emplearon diferentes varas de medir dependiendo de quien se trate.

Isaac Frade Fernández.

Coordinador de IU de Gozón.

Greenpeace rechaza el plan de Verdicio por hallarse en un paisaje protegido

Miércoles 13 de Junio de 2007
AVILÉS
Greenpeace rechaza el plan de Verdicio por hallarse en un paisaje protegido
La organización pide a la CUOTA que deniegue el cambio en las normas
 
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Luanco, Illán GARCÍA

Los ecologistas de Greenpeace han reclamado a la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio (CUOTA) del Principado que deniegue la aprobación definitiva de la modificación parcial de las normas urbanísticas del concejo que afectan a la zona protegida del Cabo Peñas. Los ecologistas consideran que los terrenos donde se pretende construir el complejo deportivo-residencial de Verdicio están clasificados por las normas urbanísticas como suelo no urbanizable, de los que una parte importante cambiará su clasificación para urbanizar mientras que en el resto se prevé instalar un campo de golf.

«Esta clasificación del suelo no puede ser modificada debido a que una gran parte de los terrenos donde se pretende actuar se encuentran en el paisaje protegido del Cabo Peñas, declarado así por decreto del Principado en 1995, en cumplimiento de una normativa europea», aseguró María José Caballero, responsable de la campaña de costas de Greenpeace. «Una decisión de la Comisión Europea de 2004 incluyó el ámbito de Peñas como lugar de importancia comunitaria a proteger, dentro de la Red Natura de la Comisión Europea», añadió la responsable de costas de Greenpeace.

Los ecologistas insisten en que la ley del Suelo de 1998, vigente cuando se aprobó la modificación inicial, según Greenpeace, por parte del Ayuntamiento de Gozón se impedía la reclasificación del suelo de la zona. Según la organización, esta legislación establecía que se tendría en cuenta que el suelo no urbanizable estaría sometido a algún régimen de protección incompatible con su transformación de acuerdo con los planes de ordenación del territorio o de las leyes sectoriales. «El Gobierno asturiano no puede permitir la destrucción de espacios protegidos para proyectos cuya única justificación es la especulación», concluyó Caballero.

 

Vercher: “La anulación del PGOU de LLanes es la muestra de que el derecho funciona”

Sábado 9 de Junio de 2007
GIJÓN
Dos magistrados en la clausura
El fiscal de medio ambiente del Supremo asegura que Asturias no vive una situación urbanística «de caos» y apuesta por demoler los edificios ilegales
 
 
  
  
 

 

É.V.

Que los tribunales anulen los planes generales de ordenación urbana de las ciudades es un síntoma de que el derecho funciona, «que tiene buena salud». El fiscal de medio ambiente del Tribunal Supremo, Antonio Vercher Noguera, se refería así a la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Asturias que declaró nulo el PGOU de Llanes. Vercher recalcó que el hecho de que «haya sentencias» como ésa es señal de que el «derecho, que está para regular situaciones irregulares, se está aplicando». No obstante, Asturias no es una de las regiones más afectadas por los delitos urbanísticos o, al menos, no ha llegado «al caos en el que se encuentra, por ejemplo, Málaga». «En materia de edificación no tiene Asturias esa impronta dura que tiene, por ejemplo, Andalucía o la costa murciana», comentó Vercher ayer en el Palacio de Congresos de Gijón, donde ofreció una conferencia en el VIII Congreso nacional de responsabilidad civil, que se clausura hoy.

En un año, el tiempo que hace que se creó esta fiscalía especializada, se han abierto 2.500 diligencias por delitos contra el medio ambiente y otras 1.500 en temas relacionados con la ordenación del territorio. Lo que se intenta es «poner coto a una situación que no es lógica, coherente ni legal» en un país que desde una perspectiva urbanística «está pasando una situación transitoria» como es el caso de España. Se ha pasado de una época en la que se fue relativamente tolerante con la construcción al momento actual, donde se edifican entre 800.000 y 900.000 viviendas al año. Para intentar controlar esta situación entrará en vigor el próximo mes de julio la nueva ley sobre Medio Ambiente, que cuenta con aspectos «francamente interesantes».

La solución ante las edificaciones ilegales no es sencilla porque pasa, en la mayoría de los casos, por la demolición. «Lo que hay que tener claro es que no es una pena, sino una forma de responsabilidad civil», explica Vercher. Pero «¿por qué no se efectúan? Simplemente porque no nos da la gana», afirma, tajante, el fiscal. La demolición «es una forma de responsabilidad que no tiene tradición en nuestro país, pero es la manera de restablecer el orden jurídico que ha sido alterado». Es decir, que si un edificio se construye sin la licencia o en un lugar prohibido, lo que debe hacerse, para restablecer lo que se ha perdido, es demolerlo. «Así lo dice el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo. Es la única manera sensata y normal de hacerlo», insiste Vercher.

Pero no es sólo una cuestión de costumbres, sino también de votos. Vercher lo dejó ayer claro. «Demoler un edificio es poco rentable a efectos electorales», especialmente en administraciones locales, afirmó. Incluso en muchas ocasiones «las cosas se resuelven con convenios urbanísticos o estatutos de detalle», lo que dificulta considerablemente la acción de la justicia. El fiscal puso un ejemplo. «A veces, el Ayuntamiento denuncia a alguien por una construcción ilegal. Luego ambas partes firman un convenio de edificación y se legaliza la obra. Y los dos se presentan en la vista oral diciendo que es legal y que ya no existe ningún tipo de problema».

La situación no es sencilla. En España no existe mucha tradición en materia de derecho urbanístico. De hecho, los primeros casos se desarrollaron a partir de delitos medioambientales. «Pero el paso del tiempo nos hizo comprobar que el urbanismo y el medio ambiente estaban unidos», asegura Vercher. Dos casos reales muestran la situación. En Valencia, en 1995, se prohibió la desecación de un suelo que pretendían hacerlo urbanizable. Y en Pontevedra no se hizo nada contra la construcción de un restaurante sin licencia en una zona no urbanizable hasta que el pozo ciego no se llenó y se pudo actuar en materia de medio ambiente. «Esto ha ido cambiando», dice Vercher. Hasta llegar a una situación en la que el propio Tribunal Supremo habla en una sentencia de «desarrollo sostenible». El derecho en esta materia empieza a cambiar. Se asume que el urbanismo forma parte del desarrollo de las ciudades y que este crecimiento «afecta directamente al equilibrio psíquico y físico de los que viven en la ciudad». Ése fue el principio del cambio.
É.V.

La derecha ladrillera pretende conculcar las Normas Urbanísticas de Gozón,mediante una interpretación errónea de su mayoria absoluta

Viernes 1 de Junio de 2007
AVILÉS
El PP asegura que las urnas respaldan su política urbanística en el concejo
Salvador Fernández prevé la aprobación durante este mandato del Plan General de Ordenación Urbana y continuará con el proyecto de Verdicio
 

Luanco,

Illán GARCÍA

El Partido Popular de Gozón considera que las urnas han respaldado su política urbanística, pese a haber sido blanco durante el mandato que ahora expira de los ataques de IU. Para Salvador Fernández, que renovará como alcalde, esta vez con mayoría absoluta, se comprueba «el apoyo de los ciudadanos a la gestión». Fernández afirmó que la coalición formada por Izquierda Unida y Bloque por Asturies «se equivocó en sus críticas» a los planes aprobados por los populares, ya que «no utilizaban argumentos políticos», y añadió: «Está bien claro el resultado que sacaron los populares y el que sacó la coalición».

Fernández aseguró que los populares seguirán adelante con su gestión, «siempre con la ley en la mano», durante los próximos cuatro años. «El pueblo se dio cuenta de este hecho y por eso nos dio su confianza una vez más», dijo el alcalde en funciones. Los populares tienen en proyecto la aprobación del PGOU (Plan General de Ordenación Urbana) para evitar «un crecimiento desordenado».

Por otro lado, Fernández insistió en que el plan urbanístico de Verdicio -en el que se pretenden construir 500 viviendas, dos hoteles y un campo de golf- es un proyecto legal. «Se va a seguir adelante con él», dijo Fernández, «al igual que se intentará con el convenio de La Arena». «Las actuaciones que se realicen en el municipio en los próximos cuatro años serán rigurosas con la ley tal y como lo fueron en el mandato anterior, en términos jurídicos y urbanísticos», aseguró el futuro alcalde del municipio gozoniego.

AVILÉS
IU mantendrá su actitud de denuncia
 
   
   
 
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Luanco,

I. GARCÍA

Izquierda Unida-Bloque por Asturies mantiene su postura de denunciar todos aquellos proyectos urbanísticos que tengan una «inviabilidad legal». «Los populares consiguieron la mayoría absoluta , pero no fue gracias a sus proyectos urbanísticos», aseguró Isaac Frade, portavoz de la coalición. El objetivo de IU, según Frade, es la «protección del concejo para que no se convierta en un lugar lleno de urbanizaciones y viviendas de alto coste y segundas residencias».
La coalición plantea el siguiente mandato como un punto y seguido respecto del anterior, en vez de un punto y aparte, según Frade, como pretenden los populares. «Seguirán adelante con el plan de Verdicio. La CUOTA es la que tiene que decidir ahora mismo, pero desde IU-BA agotaremos todas las posibilidades para demostrar que este proyecto del complejo deportivo y residencial de Verdicio es totalmente inviable teniendo en cuenta la ley», manifestó Frade.
La coalición insiste en que hay miembros tanto de PP como de la Agrupación Independiente que tienen intereses urbanísticos y personales al mismo tiempo, pero, según dice Frade, el tiempo dará la razón. Por otro lado, el convenio urbanístico de La Arena es otro de los proyectos que quedaron paralizados en el anterior mandato. El portavoz de la coalición dijo que el PP hará todo lo posible por «repescarlo», pese a que el Ayuntamiento tiene un contencioso con el Principado por supuestas irregularidades en el plan. «Con el plan del dique pasó lo mismo, nuestras alegaciones fueron incuestionables y pararon el proyecto», concluyó.